Jubilado demanda a AstraZeneca por $152 millones, pero se enfrenta a una ley que protege a la empresa

Un jubilado de Mendoza inició una demanda judicial por $152.058.050 contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca, alegando que una vacuna contra el COVID-19 le causó una trombosis venosa profunda. Sin embargo, su reclamo enfrenta un gran obstáculo: la Ley 27.573, sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández, que exime a los laboratorios de responsabilidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas.

Esta ley, promulgada en 2020 para facilitar la compra de vacunas, prohíbe los juicios directos contra las farmacéuticas y obliga a los damnificados a recurrir a un mecanismo administrativo, el Fondo de Reparación Covid 19, que ofrece montos fijos y bajos.

El reclamo integral y la lucha por un precedente

La demanda del jubilado no solo busca una compensación por el daño físico, sino que también incluye otros rubros, como el daño moral, los gastos médicos, la incapacidad sobreviniente y la pérdida de oportunidades. Además, su reclamo busca impugnar la Ley 27.573, lo que podría abrir una discusión constitucional sobre el derecho a la reparación de los posibles damnificados.

A diferencia de muchos otros afectados, el demandante pudo costear los peritajes y la representación legal necesarios para impulsar el juicio, ya que la ley impone la carga de la prueba completamente sobre la víctima.