Frenazo judicial al Protocolo Antipiquetes: El Gobierno estalló contra el fallo y confirmó que apelará

El escenario judicial volvió a encenderse este lunes tras conocerse el fallo del juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien declaró nulo el protocolo de orden público, popularmente conocido como "protocolo antipiquetes". La decisión surge a partir de un planteo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

La respuesta del Ministerio de Seguridad fue inmediata y tajante. La ministra Alejandra Monteoliva anunció que el Gobierno nacional apelará la medida para defender lo que considera una herramienta "técnica, jurídica y operativa" fundamental para la gestión.

Monteoliva: "No vamos a dar un paso atrás"

A través de sus redes sociales, la sucesora de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad vinculó el fallo con intereses políticos y defendió la vigencia de la normativa.

"Sin protocolo no hay orden, hay caos. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", sentenció Monteoliva.

La funcionaria destacó que el protocolo le devolvió "tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz" y aseguró que lo defenderán "a toda costa" en las instancias judiciales superiores.

La reacción de Bullrich: "El orden no se negocia"

La exministra y actual senadora Patricia Bullrich, impulsora original de la medida, también se sumó a las críticas contra el magistrado. Bullrich cuestionó la imparcialidad de Cormick y defendió la legitimidad social de su creación.

• Crítica al juez: "¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno".

• Apoyo popular: Aseguró que el protocolo fue "validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos".

• Duro mensaje a la oposición: "Festejan los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización".

El núcleo del conflicto legal

El fallo de Cormick pone en jaque la facultad del Ejecutivo para regular la protesta social sin una ley del Congreso que lo respalde de manera específica. Para el CELS, el protocolo vulneraba derechos constitucionales fundamentales como el de la libre reunión y expresión.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad insisten en que la nulidad del protocolo solo favorece a los cortes de calle y perjudica a quienes necesitan circular para trabajar. Con la apelación en marcha, la batalla legal se trasladará ahora a la Cámara de Apelaciones, donde el Gobierno buscará una cautelar que le permita seguir aplicando la normativa mientras se resuelve el fondo de la cuestión.