Milei veta ley de emergencia para Bahía Blanca
El gobierno de Javier Milei rechazó por completo la ley que creaba un fondo de $200.000 millones para asistir a Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las inundaciones de marzo. La administración justifica el veto argumentando que ya implementó medidas de ayuda y que la ley no especificaba fuentes de financiamiento.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
Los argumentos del Gobierno para el veto
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Sin embargo, el Gobierno desestimó la emergencia a través del decreto, basándose en varios puntos:
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Medidas ya implementadas: El Gobierno recordó que, como parte de las medidas de contingencia en Bahía Blanca tras la catástrofe de marzo, se impulsó la creación de una prestación monetaria llamada "SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.)". Según la gestión de Milei, un total de 37.546 personas se inscribieron en este programa y "el ochenta y cinco coma cuarenta y tres por ciento (85,43%)" ya recibió el pago correspondiente.
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Inclusión de Coronel Rosales: La administración libertaria aseguró que "resulta de imposible cumplimiento incluir a la localidad de CORONEL ROSALES" en el programa de ayuda, ya que la zona de desastre se determinó originalmente en base a informes de organismos técnicos como el Servicio Meteorológico Nacional.
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Falta de financiamiento: El Gobierno argumentó que el proyecto de ley sancionado "no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen", lo cual es un requisito necesario según la Ley de Administración Financiera.
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Asistencia financiera existente: Respecto a la asistencia a micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno justificó el veto asegurando que el Banco de la Nación Argentina "ya cuenta con las facultades para otorgar asistencia financiera" y créditos para vivienda, conforme a su Carta Orgánica.
Con esta decisión, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso, impidiendo que se vuelva a discutir y aprobar una iniciativa similar en lo que resta de este año legislativo.