Destraban la AGN: Diputados retoma el debate por la parálisis del organismo y la auditoría de los Gobiernos salientes
Con la Auditoría General de la Nación virtualmente paralizada por la falta de nombramientos, la Cámara de Diputados retoma hoy un plenario de comisiones clave. En la mira: acortar mandatos, reducir sueldos y asegurar auditorías a los Gobiernos salientes antes de que sea demasiado tarde.
La Cámara de Diputados vuelve a la carga este miércoles con un debate crucial para la transparencia de las cuentas públicas: la reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo de control se encuentra hoy virtualmente paralizado debido a la falta de designación de los seis miembros que le corresponden al Congreso, con mandatos vencidos desde marzo de 2024 (diputados) y marzo de 2025 (senadores).
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, fue citada para este miércoles a las 10 para buscar un consenso entre los diversos proyectos de reforma. Hay iniciativas promovidas por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
La parálisis de la AGN es un punto de alta tensión política. En marzo del año pasado vencieron los mandatos de los auditores Graciela Da Rosa y Javier Fernández (PJ) y del radical Alejandro Nieva, designados por el Senado. Y en marzo de 2024 habían concluido los mandatos de los peronistas Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada, además del radical Jesús Rodríguez, nombrados por Diputados.
La disputa por los nombramientos y la agenda libertaria
Existe una fuerte presión de UxP y Encuentro Federal para nombrar a Juan Ignacio Forlón y a Emilio Monzó como nuevos auditores. Sin embargo, el oficialismo se resiste. La bancada de LLA, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quiere aprobar primero un proyecto propio que busca acortar de 8 a 4 años los mandatos de los auditores y limitar las reelecciones. Además, el oficialismo busca reducir los sueldos de los auditores para que pasen a cobrar lo mismo que un diputado, cuya dieta ronda los $4,5 millones.
El proyecto de Menem, que comenzó a debatirse la semana pasada, también propone un cambio en la composición de la AGN: aumenta de 3 a 4 los auditores que debe elegir Diputados y le quita uno al Senado, dejando a esta última cámara con dos representantes. Además, fija que el presidente del organismo, tradicionalmente propuesto por el principal bloque opositor, será designado por una resolución de la Cámara Alta.
El resto de los bloques también impulsan sus propias iniciativas de reforma. La diputada radical de Democracia para Siempre, Carla Carrizo, propone mantener los seis miembros (tres por cada cámara) pero especifica la distribución: uno por el partido político con mayor número de diputados, uno por el partido de oposición de la primera minoría y otro por la segunda minoría. Para garantizar la paridad de género, su proyecto asegura la presencia de al menos dos mujeres, una por cada cámara.
Por su parte, el proyecto de Ernesto Ali y Ricardo Herrera (UxP) mantiene seis auditores y el mandato de ocho años. No obstante, propone que el presidente de la AGN, si bien seguiría siendo a propuesta del principal partido opositor, cesaría en sus funciones si el partido que lo propuso deja de ser el bloque opositor más numeroso tras una renovación parlamentaria.
Auditorías exprés y control ampliado: los ejes de la reforma
Uno de los puntos centrales del proyecto de UxP es que le permitiría a la Auditoría "extender su competencia a las entidades públicas no estatales, o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional, incluso a las que se les hubiesen otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o reglamentaria, o con finalidad pública". Esta ampliación del control, históricamente reclamada, generaría un impacto significativo.
En tanto, los proyectos de Menem y de Silvana Guidici (PRO) ponen el foco en un tema crucial: los plazos para las auditorías de los Gobiernos salientes. Actualmente, estas se demoran excesivamente en el tiempo, lo que impide un control efectivo y oportuno. El proyecto de Guidici, por ejemplo, establece que la auditoría de las cuentas del Estado nacional deberá realizarse 30 días antes de la finalización de un mandato de gobierno.
Esto incluiría recuentos, arqueos y validaciones para opinar sobre el estado de la deuda pública, el stock de reservas internacionales del Banco Central, la situación de los juicios del Estado, los resultados fiscales y la planta completa del personal al servicio del Sector Público Nacional. Las jurisdicciones y entidades involucradas deberán prestar "toda la colaboración que les sea requerida" por la AGN, sin oponerse a normas especiales de inmunidad, secreto o confidencialidad. Estas auditorías deberían ejecutarse, completarse e informarse a los 120 días de haber sido iniciadas, buscando una celeridad inédita en el control de la transición.