En seguridad, un intendente no debe mirar para el costado

Es evidente que en los tiempos actuales los municipios deben replantearse conceptualmente su rol en materia de Seguridad, no sólo pidiendo más efectivos de la fuerza pública, mayor cantidad de patrulleros, sumado al pedido de la presencia de las fuerzas federales en sus territorios. Es el camino recorrido hasta la actualidad y está más que claro que los resultados son catastróficos.

Resulta urgente trabajar en el "antes", creando las condiciones operativas que dificulten lo más posible los hechos delictivos y no quedarse sólo en el "después", cuando el daño ya está hecho -muchas veces de forma irreversible-  y el objetivo se centra en encontrar y castigar a los delincuentes.

Creo firmemente que los gobiernos locales tienen un espacio que les brinda la Ley de Seguridad Pública provincial porque, si bien pone en forma tajante en cabeza del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la responsabilidad sobre la seguridad pública, nada dice sobre la prevención, de la que el municipio puede y debe ocuparse. Tomando en cuenta la creciente demanda ciudadana de mejores estándares de seguridad, abordar a través de programas focalizados de prevención primaria sobre el espacio público, reduciendo así los escenarios de posibles delitos.

Es necesario aplicar una política positiva y proactiva. ¿Y si se construyen instancias locales de análisis del delito y de las violencias? ¿Y si hubiera un compromiso con políticas públicas focalizadas en materia de prevención? ¿Si se prueban diseñar alertas tempranas, a través de programas de participación ciudadana que permitan detectar y denunciar en tiempo real la comisión de delitos, emergencias médicas, actos de vandalismo, conducción peligrosa de vehículos?

Estos programas están implementados sobre la base de la cooperación absolutamente voluntaria de ciudadanos que desean involucrarse en la mejora de la seguridad del municipio donde viven y ya funcionan con éxito en varios distritos de la provincia.

Podemos destacar Municipios gobernados por intendentes de diversos espacios políticos que han demostrado que con una inversión adecuada e inteligente en prevención se logra analizar estratégicamente los delitos y la violencia.

Insisto, la instancia local tiene un rol preponderante a la hora del diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, porque nadie como el Intendente conoce lo que ocurre en su territorio cuando tiene la convicción de que una parte significativa de su gestión debe ser la de estar en contacto con los vecinos para saber in situ lo que sucede en la materia.

Los técnicos llaman a esto "capilaridad informativa ascendente" o "prevención informativa". Yo prefiero simplemente decir que es imprescindible estar en contacto con los vecinos, escuchar, analizar y aplicar, cuando se considere conveniente, lo que ellos nos expresan.

Otro punto central que los Intendentes deben tener en cuenta es la continua interacción con, al menos, los intendentes vecinos. Esta interacción debe centrarse en la optimización de la ubicación de los puestos de control para evitar la superposición al instalar dotaciones que se encuentren en las cercanías de los límites de los distritos.

Creo en la actuación conjunta de la policía, el intendente y los vecinos. Sin ella, cualquier tipo de acción es un error que cuesta vidas.

La política de seguridad de un municipio es una de las formas de la política municipal, por lo tanto, el intendente tiene un papel protagónico e ineludible para diseñar e implementar con la policía el mejor despliegue y accionar posible.

Porque, sólo una política diseñada localmente puede optimizar el uso de los recursos existentes, ya sean las organizaciones sociales y vecinales y la ciudadanía en general.

La política de prevención tiene que tener el efecto  de la disuasión en el delincuente. Es decir, que sienta que delinquir en un municipio determinado es peligroso y desista de hacerlo.

Otra certeza sobre la prevención del delito es el correcto uso de la tecnología existente. Se deben utilizar cámaras que permitan una correcta identificación de rostros y de patentes de vehículos y que puedan ser reubicadas con facilidad de forma tal que el delincuente no pueda armar su mapa de zonas vigiladas. Es preferible priorizar la calidad del material a su cantidad, ya que muchas veces se informa que existen cantidades de cámaras, pero no se habla de su calidad o de su operatividad.

También creo en la irregularidad de los lugares y de los horarios donde se establezcan los retenes de control. El delito deberá entender que no podrá individualizar zonas seguras y otras no vigiladas, ya que no se puede cuidar a algunos vecinos y condenar a otros a la desprotección.

Asimismo creo en el monopolio de la fuerza por parte del Estado y el evitar la justicia por mano propia al dar al vecino la certeza de que se lo está cuidando de verdad y no recurra a esta atroz instancia al sentir que nunca serán escuchados sus reclamos y la impunidad será la situación constante.

Finalmente, no tiene que ser excusa que un intendente municipal posea o no el mando operativo de las fuerzas policiales, sino que, a través de las medidas que enumeré, ejercer un rol dominante en la seguridad de los vecinos.

*El autor de la nota es Concejal del HCD de Merlo.