La medida cautelar, que tiene efecto únicamente en esa provincia, prohíbe a la ANDIS continuar con las auditorías bajo la normativa cuestionada y suspender nuevas pensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. El juez considera que el decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a estas pensiones, podría ser inconstitucional, ya que contradice los principios de progresividad en materia de derechos para personas con discapacidad.