Denuncian a Globant, Despegar y otras 19 tecnológicas por fraude fiscal y despidos masivos
La denuncia, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la Subsecretaría del área, señala que las empresas incumplieron con el requisito esencial de mantener y/o incrementar su nómina de personal. La AGC estima que los despidos en el sector superan los 3.000, afectando a cerca de un centenar de firmas, aunque esta primera instancia se centra en 21 compañías.
La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia formal contra 21 empresas de tecnología, incluyendo a los "unicornios" Globant y Despegar, acusándolas de fraude al Estado por recibir millonarios beneficios fiscales bajo la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento mientras despedían personal.
La denuncia, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la Subsecretaría del área, señala que las empresas incumplieron con el requisito esencial de mantener y/o incrementar su nómina de personal. La AGC estima que los despidos en el sector superan los 3.000, afectando a cerca de un centenar de firmas, aunque esta primera instancia se centra en 21 compañías.
Globant en el ojo de la tormenta y el riesgo del "clawback" fiscal
Globant (Sistemas Globales S.A.) es el caso testigo de la denuncia. Según datos presentados por el gremio, su plantilla de personal promovido se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025, violando la obligación de cubrir las bajas en un plazo de 60 días.
El sindicato exige que el Gobierno inicie acciones de verificación y control y que se aplique la sanción más temida por las corporaciones: el "clawback" (restitución). De comprobarse el incumplimiento, las empresas denunciadas, incluida Globant, se verían obligadas a:
Devolver retroactivamente la totalidad del bono de crédito fiscal (que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales).
Devolver los montos de reducción del impuesto a las ganancias.
Pagar multas e intereses aplicables a la deuda fiscal.
El secretario general de la AGC, Ezequiel Tosco, calificó la maniobra como un "fraude primero a los trabajadores y un abuso al Estado", sentenciando: "Una empresa no puede usar fondos públicos para su colchón financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo".
La denuncia exige la apertura de una auditoría específica contra Globant y una pericia contable para determinar de forma fehaciente la reducción de personal.