Procesan a diez personas por operar una banda criminal desde una cárcel de Mendoza
En un hecho inédito para la provincia, la Justicia Federal de Mendoza aplicó por primera vez la "Ley Antimafia" (Artículo 210 ter del Código Penal) para procesar con prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una compleja banda criminal. Esta organización, liderada por dos reclusas desde el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, se dedicaba al tráfico de drogas, armas y municiones, con ramificaciones tanto dentro como fuera de la cárcel.
Diez imputados fueron procesados con prisión preventiva acusados de integrar una banda criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Mendoza. Se trata de la primera aplicación en la provincia de la figura de la asociación ilícita prevista en el artículo 210 ter del Código Penal, conocida como "Ley Antimafia", incorporado este año por la Ley 27.786.
El Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas, de las cuales dos son reclusas y dirigían desde la cárcel una red dedicada al tráfico de drogas, de armas de fuego y municiones. Esta resolución marca un precedente significativo en la lucha contra el crimen organizado en la provincia.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público Fiscal, Garnica fundamentó ese encuadre "en la complejidad de la estructura criminal investigada, lo que permite sancionar con mayor severidad a quienes integran organizaciones criminales dedicadas a la comisión de delitos especialmente graves como los del caso".
Detalles de la investigación y las maniobras criminales
La investigación comenzó el 5 de junio de 2024 a partir de una denuncia anónima radicada ante el Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz. La pesquisa inicial reveló "la existencia de una organización criminal que llevaba a cabo maniobras de comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel, venta de armas y la tenencia de vehículos mellizos, liderada por dos reclusos de aquel complejo".
Frente a lo hallado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) coordinó junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional una serie de medidas investigativas, tales como intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos móviles y tareas de vigilancia, que permitieron individualizar a los miembros de la organización criminal, a los vehículos en los que se trasladaban y a un domicilio que era utilizado como lugar de acopio y distribución de drogas y armas.
Tiempo después, la Unidad Fiscal recibió una segunda denuncia anónima en la que se especificaba que las sustancias ilícitas eran introducidas al penal durante las visitas por mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos al escáner de seguridad. En esta denuncia, se mencionó a reclusos involucrados en la maniobra, quienes ocultarían la droga en sus cuerpos.
"Se aludió también a la presunta colaboración de un agente penitenciario, quien habría ingresado cocaína en cantidades de diez gramos, y de otro agente que habría facilitado el ingreso de celulares cuando no estaba operativo el escáner de seguridad, cuyas participaciones todavía no han sido probadas", detallaron las fuentes. Esto subraya la complejidad y la posible infiltración de la banda en el sistema carcelario.
Allanamiento y elementos secuestrados
Con lo obtenido de los primeros relevamientos, se solicitaron 21 allanamientos, los cuales se realizaron entre el 14 y el 22 de marzo de 2025 en distintos puntos de la provincia con intervención de fuerzas federales y provinciales.
Allí se logró detener a diez personas que están acusadas de integrar la organización, sumado al secuestro de:
Seis armas de fuego de distintos calibres.
Dos réplicas de escopeta y subfusil.
Más de 500 municiones de distinto tipo y calibre.
Seis balanzas de precisión.
498 gramos de cocaína y 647 gramos de marihuana (distribuidos en flores).
14 plantas de marihuana en distintos estados de desarrollo y semillas de marihuana.
Troqueles de LSD.
Tres autos y dos motocicletas.
Más de 90 celulares y documentación de interés para la causa.
De acuerdo con el análisis de la información obtenida, "la asociación ilícita investigada habría recurrido sistemáticamente a maniobras orientadas al ocultamiento y aprovechamiento de bienes de presunto origen ilícito, particularmente mediante la utilización de vehículos con irregularidades dominiales, técnicas o de procedencia dudosa".
Con la pesquisa avanzada, el juez procesó a todos los acusados por formar parte de una "estructura ilícita destinada a la comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de personas menores de edad, por la intervención de tres o más personas, y por haber ocurrido en el interior de un centro de detención; tráfico de armas de fuego y municiones; y encubrimiento agravado".
Junto con las prisiones preventivas, el juez también dispuso trabar un embargo sobre los bienes de los acusados hasta cubrir la suma de $4.680.000 respecto de cada uno de ellos, buscando asegurar la reparación del daño y evitar la disposición de activos por parte de los imputados.