Milei estudia usar un decreto para dejar sin efecto dos leyes clave en medio de tensiones con el Congreso

El presidente Javier Milei analiza dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para anular -en los hechos- dos normativas que quedaron trabadas tras su aprobación en el Congreso: la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad. La iniciativa surgió luego de que el oficialismo perdiera la batalla parlamentaria para incorporar al Presupuesto 2026 un capítulo que derogaba esas leyes, lo que provocó una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 

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Según fuentes del entorno presidencial, la medida se analizaría una vez que el Congreso sancione el Presupuesto y entre en receso, con el objetivo de que el Gobierno "gane tiempo" frente a la obligatoriedad de aplicar esas leyes. Milei ya había anticipado que no vetaría el Presupuesto 2026 y que reasignaría partidas para cumplir con su objetivo de déficit cero, pero no aclaró si implementaría las normas que fueron ratificadas por el Parlamento. 

Los constitucionalistas consultados señalan que anular leyes por DNU es jurídicamente complejo y posiblemente inconstitucional, ya que la Carta Magna exige condiciones estrictas para ese tipo de decretos y las normas que se buscan dejar sin efecto fueron aprobadas y ratificadas por el Congreso. Por ese motivo, sostienen que el recurso podría no sostenerse ante tribunales. 

Ambas leyes, sancionadas por mayoría en ambas cámaras tras el rechazo de los vetos presidenciales, buscan -en teoría- garantizar el financiamiento permanente de las universidades públicas y atender las necesidades de personas con discapacidad mediante mecanismos específicos de asignación presupuestaria. Sin embargo, el Ejecutivo las dejó sin ejecución por la falta de partidas definidas en el presupuesto vigente, abriendo un debate jurídico y político sobre su aplicación efectiva. 

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La intención de avanzar con un DNU profundiza la pugna entre el Poder Ejecutivo y distintas voces del escenario político y académico, y suma otro capítulo en la tensión por el rol del Estado en materia educativa y social en el contexto de las metas fiscales que promueve el gobierno.