CAUSA AUDIOS

Juez de Catamarca ordena restituir pensiones por invalidez suspendidas

La medida cautelar, que tiene efecto únicamente en esa provincia, prohíbe a la ANDIS continuar con las auditorías bajo la normativa cuestionada y suspender nuevas pensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. El juez considera que el decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a estas pensiones, podría ser inconstitucional, ya que contradice los principios de progresividad en materia de derechos para personas con discapacidad.

Un juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que en un plazo de 24 horas restablezca la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia. El fallo también exige el pago de los haberes retenidos a sus beneficiarios.

La medida cautelar, que tiene efecto únicamente en esa provincia, prohíbe a la ANDIS continuar con las auditorías bajo la normativa cuestionada y suspender nuevas pensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. El juez considera que el decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a estas pensiones, podría ser inconstitucional, ya que contradice los principios de progresividad en materia de derechos para personas con discapacidad.

Argumentos del fallo y el precedente para otras provincias

La acción de amparo que impulsó el fallo fue presentada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca y varias asociaciones civiles, que denunciaron que las suspensiones se realizaron de forma "irregular y lesiva". Entre los argumentos presentados, se destaca que los pensionados se enteraron de la suspensión por la falta de pago y que las notificaciones fueron deficientes y difíciles de comprender.

El juez Díaz Martínez consideró que la medida urgente era necesaria dada la "vulnerabilidad" de las personas afectadas y el "carácter alimentario" de las pensiones. Si bien el fallo solo rige en Catamarca, el juez ordenó que se inscriba en el Registro de Procesos Colectivos, lo que podría sentar un precedente para la presentación de medidas cautelares similares en otras provincias del país.

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