InJusticia a la rosarina: una jueza aprobó una deuda, después dijo que no existía, y los inversores alemanes perdieron todo

Un gigante alemán que apostó por Argentina.

La planta de MefroWheels fue durante años la única fábrica de llantas de acero del país. Detrás había un grupo inversor alemán que volcó €100 millones en el proyecto, convencido del potencial industrial de Rosario. Trajeron tecnología, generaron empleo, cumplieron con sus obligaciones. Lo que no sabían era lo que les esperaba cuando el negocio se complicara.

Cuando la caída de la demanda y la avalancha de importaciones baratas hicieron inviable la operación, la empresa cerró sus puertas. 170 trabajadores fueron desvinculados. Y los inversores alemanes iniciaron el camino judicial para recuperar €3,5 millones que la empresa argentina les adeudaba -capital propio, nunca devuelto.

La jueza que firmó. Y después olvidó que había firmado.

La jueza Dra. María Silvia Beduino, del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Rosario, reconoció esa deuda en 2018. La aprobó formalmente. Le dio fuerza legal. Para los inversores alemanes, era la confirmación de que el sistema funcionaba y que recuperarían al menos una parte de lo perdido.

Estaban equivocados.

Años después, cuando presentaron el pedido de cobro, la misma magistrada emitió una resolución en sentido exactamente opuesto: negó la obligación de pago. Sin nueva evidencia. Sin cambio en la ley. La Dra. Beduino simplemente deshizo con una firma lo que había construido con otra, pasando por encima de su propia sentencia y de uno de los principios más elementales del derecho: lo que un juez resuelve en forma definitiva, no puede contradecirlo después.

Cada puerta, cerrada.

Cuando los inversores intentaron apelar, el mismo juzgado rechazó el recurso -aplicando esta vez una normativa distinta a la que había indicado en dos oportunidades previas dentro del mismo expediente-. La selectividad en la aplicación de la ley difícilmente pueda atribuirse a un error.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario ratificó la resolución a fines de 2025, mediante una sentencia de escasa fundamentación. El expediente quemaba y se cerró rápido.

Agotadas todas las instancias, los acreedores alemanes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, denunciando la violación del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción.

Abogados que juegan para los dos lados.

El expediente acumula además otros elementos que agravan el cuadro. Los abogados de la empresa deudora -Fabio Cerrutti y Sergio Bollati, con estudio en Rosario- son objeto de una investigación fiscal por presuntas maniobras extorsivas contra el representante legal del grupo alemán y un asesor radicado en Europa. La fiscalía encontró mérito suficiente para avanzar. Y según fuentes vinculadas al proceso, ambos letrados serían en realidad los verdaderos beneficiarios de las acciones de MefroWheels SAU. Es decir: quienes debían pagar controlaban también a quienes los defendían.

El costo real.

Para el grupo inversor alemán, la experiencia rosarina dejó algo más que un balance en rojo. Dejó la certeza de haber operado en un sistema donde las reglas se reescriben según convenga, donde los papeles judiciales no ofrecen garantías y donde el capital productivo siempre es el último en enterarse cómo termina la película.

MefroWheels se suma así a una lista que Rosario conoce bien: Vicentin, Celulosa Argentina. Nombres distintos, mismo patrón. Y una advertencia que ya circula en foros internacionales de inversión: en Argentina, el problema no es solo el riesgo de mercado. Es un sistema judicial que no responde cuando más se lo necesita.

Como lo dijo un experto en la última cumbre Argentino-Británica en Londres: "Los números son muy lindos pero nadie le tiene confianza al país."

El caso MefroWheels, en 2026, es uno de los motivos más concretos de esa desconfianza.