Adorni anuncia la disolución de la ANDIS en plena polémica por coimas y la oposición reclama justicia

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo trabajo será absorbido por el Ministerio de Salud a partir de una reestructuración administrativa impulsada por el Poder Ejecutivo. La decisión se produjo en un contexto marcado por el avance de una investigación judicial por presuntas irregularidades y coimas en el organismo, que en los últimos meses generó amplio debate político y mediático. 

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Adorni aseguró en conferencia de prensa que, aunque el organismo dejará de existir "tal como lo conocemos", las prestaciones y pensiones no se verán afectadas y no se eliminarán derechos a las personas con discapacidad. Además, defendió la medida como una simplificación administrativa con mayor control interno para asegurar transparencia y eficiencia en la gestión de las políticas sociales. 

La decisión de cerrar la ANDIS ocurre cuatro meses después de que se filtraran audios atribuidos al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, que dieron origen a una investigación judicial federal por un presunto esquema de coimas y sobornos en la compra de medicamentos y servicios para personas con discapacidad. La causa está bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 11 y continúa en trámite ante la justicia. 

Sectores de la oposición política y organizaciones sociales criticaron la medida del Gobierno, sosteniendo que la disolución de la ANDIS podría diluir responsabilidades y complicar el esclarecimiento judicial de la causa por coimas. Para esos sectores, la mudanza administrativa debe ir acompañada de compromisos firmes con la transparencia y el avance de las investigaciones, algo que la oposición exigió a través de comunicados y declaraciones públicas. 

La controversia por la ANDIS se suma a un año de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y distintos bloques opositores, que reclamaron mayor control sobre la gestión de políticas sociales y el debido proceso en la investigación de supuestas irregularidades administrativas. El cierre de este organismo pone fin a una etapa institucional, pero abre otra cuestión acerca de cómo se consolidarán las políticas de discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud y bajo la lupa judicial y política.