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El Servicio Militar Voluntario se renueva con polémica: capacitación en oficios versus críticas internas de las FF.AA.

El Gobierno amplía el rango etario y suma terminalidad educativa y formación en oficios al Servicio Militar Voluntario, buscando atraer a jóvenes sin empleo ni estudio. Sin embargo, la medida ya genera críticas dentro de las Fuerzas Armadas, que advierten sobre los costos y la falta de soluciones a reclamos salariales históricos.

El Gobierno nacional avanza con una significativa modificación en el Servicio Militar Voluntario (SMV), un programa que, si bien existe desde hace décadas, ahora busca una profunda renovación. El objetivo principal es fomentar el ingreso de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles una formación integral que va más allá de las cuestiones castrenses, incluyendo capacitación en oficios y la posibilidad de terminar el secundario.

Fuentes cercanas a la iniciativa precisaron a Infobae que el plan apunta a "fortalecer el perfil profesional, educativo y cívico de los jóvenes que eligen servir a la Patria". Para lograrlo, el Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, y el de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, coordinarán el diseño del itinerario formativo.

Entre las primeras reformas anunciadas, se destaca la ampliación del rango etario: ahora podrán ingresar mujeres y varones de entre 18 y 28 años, cuando antes el límite era de 24. Además, el programa ya no consistirá únicamente en instrucción militar. Para avanzar en los contenidos, será requisito fundamental terminar el secundario. Es en este punto donde la cartera de Pettovello jugará un rol clave, creando "una plataforma de desarrollo personal y profesional, con énfasis en la educación secundaria obligatoria y la capacitación en oficios". "Se implementará un programa educativo intermedio que les permitirá finalizar la escuela durante su permanencia en las unidades militares", explicaron fuentes cercanas al proyecto.

Junto con Capital Humano, el Ministerio de Defensa comenzará a certificar formalmente los conocimientos adquiridos en diversas áreas como cocina, talleres mecánicos, administrativo, albañil, soldador, tornero y conductor, entre otros. El objetivo es claro: "facilitar la inserción laboral futura" de quienes realicen los cursos. Desde que el servicio militar dejó de ser obligatorio en 1994, ya se había incorporado el aprendizaje de algunos empleos, pero ahora se ampliarán a más rubros.

Más instrucción y beneficios, pero también voces disidentes

La modificación del SMV también contempla un incremento en la duración y contenido de la instrucción militar inicial, incorporando módulos sobre asistencia en emergencias, respuesta ante catástrofes y tareas de apoyo a la comunidad. Fuentes cercanas a Petri indicaron que esto busca preparar a los soldados voluntarios no solo para la defensa territorial, sino también para intervenir en situaciones críticas como inundaciones e incendios, fortaleciendo el sistema nacional de protección civil. De hecho, los integrantes de todas las Fuerzas Armadas cooperaron este año en las tareas de rescate y asistencia a las víctimas de las inundaciones en Bahía Blanca y, más recientemente, en Zárate y Campana.

Como contraprestación, el Estado seguirá ofreciendo a quienes realicen la instrucción un sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia. Además, los participantes contarán con asistencia sanitaria y afiliación a la obra social, adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, y el desarrollo de contactos personales en un clima de camaradería y respeto.

A pesar de los beneficios anunciados, la iniciativa no está exenta de críticas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Algunos sectores advierten sobre los altos costos que generaría este proyecto, especialmente en un contexto donde existen varias falencias y necesidades internas en las FF.AA. Hay quienes señalan que "las FF.AA. no están para solucionar todas las falencias que lamentablemente tiene la sociedad", en alusión a problemas como la deserción escolar.

Además, voces del ámbito militar aseguran que "no hay grandes cambios con respecto del programa de formación existente" y critican que las nuevas normas fueron anunciadas por los medios y no a través de un decreto o una resolución oficial. La falta de información anticipada y la persistencia de reclamos salariales históricos generan malestar. Un cuestionamiento vigente, por ejemplo, es el Decreto 1140 de 2007, firmado por la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, que reglamentó los haberes de los uniformados en el exterior, creando una brecha salarial significativa respecto a otros funcionarios y afectando incluso el pago del Impuesto a las Ganancias para algunos. "En algunos casos, hay personas que se tienen que endeudar de manera muy grosera para poder cubrir sus gastos en determinadas ciudades que son realmente muy caras", lamentó un militar.

Si bien el plan ya fue firmado por los representantes de ambos ministerios, los cambios en el programa todavía no comenzaron a regir y se implementarán gradualmente. Quienes completen el servicio tendrán la posibilidad de continuar su formación, si así lo desean, en alguna de las instituciones oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, siempre que cumplan con los requisitos de admisión para cada institución.

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