JUSTICIA

TOF 2 no adelantará definición sobre prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alerta a Migraciones para evitar su salida del país

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) postergó hasta mediados de la próxima semana la definición sobre la posible prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. Mientras avanza en el análisis de las condiciones de detención, el Tribunal ya ha alertado a Migraciones para impedir que cualquiera de los implicados abandone el país, en especial hacia naciones sin tratado de extradición.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la próxima semana si concede el arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad. La condena impuesta en este caso fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.

Mientras la expresidenta se encuentra en su departamento porteño de la calle San José, sus abogados defensores solicitaron "la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario", es decir, que no pueda ser detenida hasta que se resuelva si se le otorga ese beneficio.

El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver el caso. Este plazo, según el Tribunal, es suficiente para garantizar que no se producirá un arresto inmediato, como habían solicitado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.


¿Por qué cinco días? Detalles del proceso del TOF 2

El TOF 2 estableció esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados (9 en total) se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la expresidenta, los condenados incluyen a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

El motivo de este plazo y la consideración de cada caso es múltiple: hay condenados en distintas provincias, los domicilios de algunos están desactualizados y existen condiciones particulares a tener en cuenta. En el caso de CFK, al ser expresidenta y exvicepresidenta, debe contar con estándares de seguridad personal especiales, y además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.

Respecto a los otros condenados, se consideran aspectos como la edad de Nelson Periotti (casi 80 años), el hecho de que Lázaro Báez ya estaba bajo arresto domiciliario y fue detenido, y las diversas patologías médicas de Raúl Pavesi y José López.

Por estas razones, ya se han formado legajos de arresto domiciliario para CFK, Periotti, Pavesi y López. Se ha corrido traslado a la fiscalía para que dé su opinión en un plazo de 3 días, aunque esta podría responder antes de esa fecha. Todos estos pasos son necesarios, ya que el TOF 2 tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2022, confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y ratificado el martes por la Corte Suprema. La causa investigó la concesión de 51 contratos de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.


Medidas adicionales del Tribunal: Seguridad y alerta migratoria

En las últimas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad un informe sobre los lugares donde puedan ser alojados los condenados en función de sus condiciones personales, un reporte que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio-ambiental de CFK y de su inmueble de la calle San José en la capital.

Además, se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que implica que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Asimismo, se alertó a Migraciones sobre la situación de todos los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, especialmente hacia naciones con las que no existen tratados de extradición. Esto busca evitar que los condenados permanezcan en el exterior a la espera de cambios políticos o, en el caso de la expresidenta, especular con un eventual indulto.

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