El Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: 40 votos a favor y 31 en contra

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares tras una votación ajustada que terminó con 40 votos afirmativos y 31 negativos, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y protestas en las inmediaciones del Congreso.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, introduce modificaciones en los alcances de la norma sancionada originalmente en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El eje del debate giró en torno a la posibilidad de habilitar actividades productivas -principalmente vinculadas a la minería y la explotación de recursos naturales- en zonas que antes tenían restricciones más estrictas.

Desde el bloque oficialista defendieron la reforma como una actualización necesaria para "compatibilizar desarrollo y protección ambiental", argumentando que el nuevo esquema mantiene controles pero brinda mayor previsibilidad a inversiones estratégicas. En cambio, la oposición sostuvo que los cambios debilitan el espíritu original de la ley y podrían afectar reservas clave de agua dulce.

La sesión se desarrolló en un clima de alta exposición pública. Afuera del Congreso hubo manifestaciones de organizaciones ambientalistas y referentes sociales que cuestionaron la modificación normativa. En paralelo, distintas figuras del ámbito cultural y científico habían expresado en los días previos su rechazo al proyecto.

La Ley de Glaciares es considerada una de las principales herramientas de protección ambiental del país, ya que reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Con la aprobación en la Cámara Alta, el nuevo texto quedó formalmente sancionado, abriendo ahora una etapa de reglamentación y eventual judicialización, dado que sectores críticos ya anticiparon que analizarán recurrir a la Justicia.

El debate deja planteado un escenario político sensible: la tensión entre promoción de inversiones, necesidades fiscales y preservación ambiental seguirá marcando la agenda en los próximos meses.

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