Diputados: oficialismo y oposición piden informes sobre las muertes por fentanilo
La medida se tomó a partir de la presión del PRO y de familiares de las víctimas, después de que el kirchnerismo bloqueara el debate la semana pasada. Ahora, la oposición insiste en la creación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades y la falta de trazabilidad del fármaco.
El oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados para solicitar informes al Gobierno sobre la muerte de más de 90 personas por el uso de fentanilo contaminado. El debate fue habilitado a instancias del PRO y familiares de las víctimas, luego de que el kirchnerismo, que preside la comisión, se negara a tratar el tema la semana pasada.
La diputada del PRO, Silvana Giudici, reclamó la creación de una comisión investigadora, con una composición similar a la que se constituyó para investigar el "criptogate $Libra". En ese sentido, Giudici denunció que existen "vinculaciones" entre el laboratorio que provee la droga y "personajes allegados al kirchnerismo, como las empresas de Lázaro Báez". Además, señaló que el apoderado del laboratorio, Sebastián Nanini, fue abogado de Báez y funcionario del intendente de José C. Paz, Mario Ishii.
Críticas a la falta de investigación
El pedido de informes unificado se basa en los proyectos presentados por Esteban Paulón, Mónica Fein, Manuel Aguirre y la misma Giudici. El objetivo es que se investigue la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros productos farmacéuticos, y que se determine la responsabilidad política y judicial por la muerte de 97 personas. El responsable de la compañía, Ariel García Furfaro, tiene vínculos con el kirchnerismo.
El diputado Pablo Juliano lamentó que, a pesar de que el número de víctimas de fentanilo supera las de la tragedia de Once o el atentado a la AMIA, "nadie investiga" y "no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución". En la misma línea, su par Carla Carrizo reclamó que se determinen "responsabilidades políticas" y se exija al Estado "controles fuertes, eficientes, no negligentes".
