Desregulación educativa: El Gobierno elimina el control estatal sobre aranceles y cuotas de colegios privados

El Gobierno Nacional derogó la normativa que regulaba los aranceles de los colegios privados desde 1993, liberando a las instituciones de la obligación de informar y obtener el aval estatal para fijar los valores de las cuotas y la matrícula. La medida, dispuesta mediante el Decreto 787/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca la desregulación total del sector.

La norma eliminada obligaba a los colegios a notificar los nuevos aranceles a las familias y a las autoridades nacionales antes del 31 de octubre (plazo extendido recientemente al 15 de noviembre), e incluso requería un acuerdo con los padres para modificar los valores.

Argumentos del Gobierno: Mayor Competencia y Adecuación a Costos

El Ejecutivo justificó la derogación señalando que la vieja normativa "dificulta la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".

• Contexto Inadecuado: Se argumentó que el decreto derogado fue dictado en un contexto donde la administración de la educación estaba bajo la órbita nacional, una situación que cambió con la transferencia de esta competencia a las provincias (principio federal).

• Efectos Contraproducentes: El Gobierno sostuvo que la intervención estatal generaba efectos negativos:

  • Incertidumbre Económica: Los colegios fijaban cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder cubrir costos sin la aprobación estatal previa, perjudicando a las familias.

  • Restricción a la Propiedad: La intervención limitaba el derecho de propiedad de las entidades privadas a fijar libremente sus condiciones de contratación y precios.

  • Precarización de la Calidad: El carácter fijo de las tarifas "puede llevar a una precarización de la calidad educativa", al impedir responder a las variaciones en costos de insumos y salarios.

Libre Contratación y Mercado

La administración de Javier Milei enmarcó la medida en su política de libre mercado, buscando que la competencia regule los precios del servicio educativo.

"El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado", señala el Decreto.

La desregulación permite a las instituciones ajustar sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, sin la necesidad de autorización estatal previa.