Bolivia eliminó los límites legales y habilitó el uso de las Fuerzas Armadas ante las masivas protestas
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó por una abrumadora mayoría de dos tercios la derogación de la Ley 1.341, una normativa de 2020 que restringía el uso de los militares en conflictos internos.
La decisión legislativa le despeja el camino de forma directa al presidente Rodrigo Paz para decretar el estado de excepción y ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas en las calles, en un intento desesperado por quebrar el aislamiento que sufre el país tras cumplir un mes consecutivo de protestas civiles y bloqueos de rutas que exigen la renuncia inmediata del mandatario.
La sesión parlamentaria debió desarrollarse de manera virtual debido a que las masivas movilizaciones de los sindicatos impidieron el traslado físico de los legisladores hacia la sede del palacio gubernamental en La Paz. El proyecto aprobado -que ya contaba con la sanción previa del Senado- apunta a desarmar el entramado legal que impedía el accionar militar directo a menos que la Policía se viese totalmente desbordada, una herramienta que el oficialismo y las facciones aliadas consideraban un impedimento crítico para combatir lo que calificaron como un plan de desestabilización orquestado por la oposición.
El mapa de conflictividad social en el país andino tocó su punto más crítico al registrarse más de 150 piquetes simultáneos en las principales carreteras nacionales, una medida de fuerza coordinada por la Central Obrera Boliviana (COB) junto a sectores agrarios, mineros y juntas vecinales. El férreo cerco sobre ciudades neurálgicas como El Alto, Oruro y la propia sede de gobierno provocó una severa crisis de desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos esenciales, transformando lo que comenzó como un reclamo sectorial en una emergencia humanitaria y política de final abierto.
